Los departamentos de asuntos económicos y de energía del PRD acusaron al sector eléctrico del gobierno de mentirle país sobre las bondades del Acuerdo de Madrid con el fin de ocultar su fracaso producto de la incompetencia de sus funcionarios, publicitando l declaraciones incompletas, falseadas y maliciosas con relación al mismo.
Los técnicos perredeistas acusamos a los funcionarios del gobierno de mentir a la población, al negar que el Acuerdo de Madrid fue la opción viable y menos onerosa para el país con la que se corrigió en parte y hasta en lo posible, el ruinoso modelo de capitalización recibido en agosto del año 2000 sustentado en contratos irresponsablemente negociados.
Martín Robles y Arturo Martínez Moya dijeron al mismo tiempo que este Acuerdo ha sido un pilar fundamental para la sostenibilidad del negocio eléctrico en el corto y mediano plazo.
La Comisión Eléctrica del PRD plantea que el gobierno, en lugar de retorcer los hechos, tratando de ocultar su incapacidad y fracaso en el manejo de la crisis del sector eléctrico, asumir un papel más comprometido con el conocimiento y la profesionalidad que exigen los tiempos y estudiar el contenido del Acuerdo de Madrid propiciando el diseño, mejoras e implantación de negociaciones similares que permitan avanzar en la solución definitiva del problema eléctrico, ante el requerimiento indispensable de crear las condiciones para las nuevas inversiones del orden de los ocho mil millones de dólares en los próximos diez (10) años.
Recordaron que desde los mismos inicios de la privatización, las empresas distribuidoras recurrieron a todo tipo de actividad en procura de obtener una reducción del precio de compra de la energía eléctrica, para mantenerse con vida en virtud de que el modelo de la privatización había demostrado tener una estructura de precios y de gestión empresarial infuncional, incompleto, oneroso para el país y sostenido a base de subsidios gubernamentales.
Argumentaron que producto de la fórmula irracional e insostenible de ajuste (indexación) de precio del combustible en los contratos de compra de energía firmados en 1999 por la CDE, el gobierno debía pagar sobre 200 millones de pesos mensuales, lo que es manejado maliciosamente mediante una millonaria campaña publicitaria atribuyendo su fracaso al Acuerdo de Madrid, tratando de confundir y no asumir responsablemente sus propias faltas.
"Para nosotros, resulta incomprensible e insólito el llamamiento propagandístico del equipo eléctrico del PLD, cuando acusa a los "generadores" de sobre beneficiarse del costo de la electricidad, cuando irrefutablemente es el propio gobierno que sería el mayor beneficiario, ya que la CDEEE participa en el llamado Acuerdo de Madrid como entidad generadora de energía y recibió en esta negociación contratos por 360 megavatios equivalentes a un 31% del total de los 1,160 megavatios negociados.
Dijeron que el gobierno es el mayor receptor de esos beneficios ya que maneja el 60% del sector del Acuerdo de Madrid por lo que las empresas capitalizadas mantuvieron contratos por 650 megavatios (EGE HAINA con 350 y EGE ITABO con 300 megavatios) Por tanto, en razón de la asociación de capital con el socio privado, el Gobierno es dueño de la mitad (325 megavatios) de ambas generadoras, por consiguiente, el Gobierno es el mayor beneficiario del Acuerdo de Madrid al tener en total el 59 % de los mismos. Y la generadora Palamara-La Vega mantiene contratos por 150 megavatios.
Explicaron que para la CDE, los contratos realizados bajo el Acuerdo de Madrid tuvo el doble objetivo de reducir los precios de compra de energía de las distribuidoras a los generadores y, por otro lado, posibilitar la transferencia al mercado de los onerosos contratos de CDE con los generadores privados independientes (los llamados IPP).
Para los técnicos del sector eléctrico del PRD los beneficios del Acuerdo de Madrid son los siguientes.
Disminuyó el efecto oneroso de la fórmula de ajuste de precio de la electricidad y el componente combustible introducido en los contratos de la capitalización.
i) Se modificó el porcentaje de participación del combustible como elemento ajustador de precio, de cien por ciento existente en dicha fórmulas a solo 70 %;
ii) Se cambió el tipo de combustible de Fuel-oil #2 (gasoil), considerado de alta volatilidad y generalmente caro, a Fuel-oil #6 (combustible de menor precio de mercado y menor volatibilidad);
iii) Se diversificó la participación de los combustibles utilizados (incluyendo carbón y gas natural) en la fórmula de ajuste de precio, reflejando la verdadera mezcla o variedad de combustibles utilizados en la generación eléctrica dominicana;
Redujo en 36% el precio al que las distribuidoras compran energía al generador, mejorando el flujo de caja de las distribuidoras en más de 100 millones de dólares anuales y reduciendo las excesivas ganancias de los generadores, con el acuerdo de estos mismos generadores sin seminarios ni discursos;
Eliminó el subsidio gubernamental a los productores de electricidad por un equivalente a más de RD$200 millones mensuales, lo cual disminuyó la presión por el aumento de impuestos, mediante la terminación de la llamada Resolución 283;
Permitió el traspaso de los onerosos contratos de los generadores privados independiente (IPP) al mercado con ahorro para la CDEEE superior a los RD$150 millones mensuales, de nuevo disminuyendo la presión fiscal;
Valorizó los contratos existentes, de tal forma que comenzaron a ser aceptados como garantía frente a la banca internacional y local, provocando la entrada de inversión que se hizo concreta y productiva en 500 megavatios de nueva y eficiente capacidad de generación (gas natural y carbón), financiamientos para nuevos proyectos para el abaratamiento de mediano y largo plazo de la electricidad (pinalito, minicentrales, autopista eléctrica, etc.), reforzó el papel del sector privado en el negocio y equilibró las finanzas del mercado de electricidad;
Acercó la fórmulas y el precio del peaje de transmisión al valor real que permitía operar y expandir adecuadamente la red de transmisión que constituía un poderoso cuello de botella para la
expansión del sistema eléctrico, lo cual había sido totalmente olvidado al inicio de la capitalización;
Sentó la base para cambiar la composición de la tecnología y la mezcla de combustibles del parque de generación eléctrica dominicano, lo cual se concretizó en que de una dependencia del 90% en electricidad a base de petróleo en el año 2000 pasáramos a apenas 55% en el año 2004;
Transparentó las relaciones comerciales y financieras entre el gobierno y las empresas eléctricas privadas, con lo cual se redujo sustancialmente la posibilidad de corrupción por parte de los funcionarios gubernamentales, en particular los de la CDEEE;
Afirmaron que en la gestión del PRD la CDEEE se concentró en la transmisión e hidroelectricidad, modernizando y duplicando la red de transmisión eléctrica adicionando unos mil kilómetros de nueva líneas de transmisión y 900 MVA de capacidad de transformación (subestaciones eléctricas), con una inversión que sobrepasó los siete mil millones de pesos. Es decir, se realizó en 4 años (2000-04), lo que todas las administraciones anteriores necesitaron 44 años.
Así mismo, producto de una inversión de más de diez mil millones de pesos en la recuperación de la capacidad de generación hidroeléctrica estatal, la cual pasó de 125 megavatios en el año 2000 a 450 en el 2004.
Para los técnicos perredeistas, cuando se suman los beneficios originales y los que aun se acumulan del Acuerdo de Madrid y se comparan las pérdidas en subsidios y aportes por unos cinco (5) mil millones de dólares en los últimos cuatro años que ha provocado la errática política eléctrica del gobierno de Leonel Fernández, se entenderá mejor la verdadera razón por la que sus funcionarios tienen la patológica obsesión de falsear la realidad culpando al Acuerdo de Madrid de todos los males.
