La crisis azotará fuerte el país en 2009, con presupuestos restrictivos e inversiones nulas en Salud y Educación y escándalos financieros como el que podría provocar el programa Viadom por el que Leonel Fernández y el PLD podrían ver comprometida su permanencia en el poder.
Una de las consecuencias más nefastas de la crisis económica global y de la recesión que ya azota Occidente es la fuerte dependencia de la privatización de la financiación exterior que condiciona a los países en vías de desarrollo. República Dominicana no es ninguna excepción y sus grandes obras de infraestructura, de las que dependen la vertebración y el progreso del país, van a parar a manos de multinacionales sin escrúpulos que han convertido la corrupción y el soborno en una técnica para hacer negocio, esquilmando no sólo las arcas públicas sino la credibilidad democrática de cualquier gobierno.
Qué duda cabe de que el programa Viadom 09, el proyecto emblemático mediante el cual el gobierno se propone licitar la concesión de unos 270 kilómetros de carreteras en actuaciones a un plazo de 30 años que incluyen la ampliación, reconstrucción y mantenimiento de las principales autopistas y carreteras, constituye una de las promesas electorales de Leonel Fernández y que se trata de grandes obras de infraestructura absolutamente necesarias, incluso en un año en que la crisis recortará los presupuestos estatales hasta el punto de que la inversión en gasto social será prácticamente nula, sobre todo en Educación y Salud.
Cuando el PLD ganó las elecciones, la crisis no había mostrado aún su peor rostro, el de la recesión económica, pese a que Leonel siempre ha sido consciente de las dificultades de la Administración para financiar las obras públicas. En su discurso de investidura se refirió a la construcción de carreteras mediante el programa Viadom, presentado como otras veces ante la Asamblea Nacional. Aunque ya promulgó en su momento la ley 340-06, referida parcialmente al régimen de concesiones y licitaciones públicas, volvió a hacer hincapié en la necesidad de redactar una normativa específica para la participación privada en proyectos públicos. El propio Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) había denunciado que la citada ley se incumple en un 80 por ciento en la licitación para otorgar contratos públicos.
Se trata pues de que la financiación de estas grandes obras de infraestructuras recaigan sobre la iniciativa privada para no saquear los fondos públicos. Hasta el mismo secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se hizo eco públicamente de que el Programa de Concesiones Viales para el ejercicio de 2009 iba a liberar a su cartera de erogar recursos del presupuesto que podrían destinarse de esta manera a otros fines. Según este alto funcionario, unos 400 millones de dólares iban a ser concesionados por empresas que acudirían al mercado internacional en busca de financiación y garantías. Obras Públicas se ha comprometido ante los ciudadanos a comenzar y concluir todas las obras anunciadas por Leonel Fernández utilizando sólo los recursos aprobados en el presupuesto.
Olvida Víctor Díaz Rúa la propia experiencia acumulada en otros sonados fiascos del programa Viadom, como el de Codacsa, que él mismo denunció en su momento, por ejemplo cuando cargó contra la empresa concesionaria de la carretera del Este y explicó que para la construcción de esta importante vía la empresa en cuestión no invertía dinero propio ni comprometía financiación externa sino que se limitaba a utilizar los recursos que obtenía del peaje de la autopista Las Américas, un fondo a todas luces insuficiente para concluir una obra de tal magnitud que, de esta manera, se eternizaba sin conclusión posible.
El sistema de concesión era claro y concluyente. Se trata de que la empresa concesionaria utilice fondos propios para presupuestar la obra y que luego obtenga el beneficio que le corresponda con la explotación del peaje. Un fraude monumental que llevó al propio secretario de Obras Públicas a exclamar: “Para hacerlo como ellos lo están haciendo, pues mejor lo hubiera hecho el Estado, porque ellos están trabajando no sólo con dinero del peaje. Están trabajando con el dinero del Estado y eso no es una concesión, eso es una estafa”.
Para atajar cualquier atisbo de sospecha y luchar contra el fraude perpetrado por multinacionales sin escrúpulos se creó el organismo Veeduría Dominicana, auspiciado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción y la Fundación Justicia y Transparencia y encargado de supervisar al detalle los procesos de concesión y adjudicación de obras a través del programa Viadom. Las gestiones de Veeduría Dominicana permiten que los ciudadanos puedan exigir transparencia a la Administración pública en su gestión y que se vigilen todas las concesiones y su estricto cumplimiento. En una palabra, que se rindan cuentas. No lo tiene fácil y ya ha tenido que recurrir a la denuncia pública para conocer datos que no deberían estar ocultos.
La opacidad de la Administración impide el control ciudadano del gasto público. Las empresas precalificadas para la concesión tienen la obligación de garantizar la financiación y los plazos de ejecución. Si bien en la lista facilitada por Obras Públicas hay empresas serias y formales, otras no parecen serlo, como es el caso de la brasileña Odebrecht, expulsada de otros países —el último Ecuador— por corrupción. ¿Qué se puede esperar de una multinacional que ha sido perseguida por fraude en Latinoamérica? El Gobierno de Leonel no puede correr el riesgo de caer en manos de estos “oportunistas internacionales” cuando pesa sobre su gestión cuestiones tan espinosas como la de los pagarés de la Sun Land. Un nuevo escándalo de corrupción podría dar al traste no sólo con las aspiraciones de Leonel de presentarse de nuevo sino con el mismísimo gobierno del PLD en favor de otras alternativas políticas más sociales y menos neoliberales.
Lo que resulta más chocante en el programa Viadom es que ha habido empresas de contrastada solvencia internacional que han pedido a Obras Públicas que alargue los plazos para la licitación con el fin de que se puedan presentar garantías formales de financiación que impidan cualquier irregularidad, que aseguren las obras y sus plazos de ejecución y que el dinero público dominicano no tendrá que salir en auxilio de cualquier eventualidad. Que certifiquen fehacientemente en una palabra la limpieza y ejecución de todo el proceso.
Lo que resulta más preocupante en cuanto a la responsabilidad política en las cuentas públicas es que cada vez que el Estado se propone hacer alguna inversión, el país se ponga a temblar mientras que los desaprensivos se frotan las manos pensando en cuánto se van a llevar en comisiones y coimas.
El penúltimo capítulo de esta serie lo constituye el proyecto de compra de ocho aviones Súper Tucanos para combatir el narcotráfico valorados en 93 millones de dólares, que ha suscitado la protesta de agentes políticos y sociales, no sólo por el gasto sino por la posibilidad de que el gobierno autorice el derribo de aeronaves sospechosas de transportar drogas.
El senador peledeísta por la provincia de Peravia Wilton Guerrero, que denunció la connivencia entre el narco y las instituciones del Estado con motivo de la masacre de Baní, se ha opuesto a la compra de los Súper Tucanos y ha coincidido con el embajador de Estados Unidos en Santo Domingo, Robert Fannin, en que el dinero del narcotráfico influye notablemente en la economía nacional. Fannin lamentó asimismo el auge del tráfico de drogas, el incremento de la corrupción y la escasa institucionalización democrática en República Dominicana.
De esta manera, entre los sobornos de las multinacionales, los concursos públicos amañados y la debilidad del Estado de Derecho, no parece extraño que República Dominicana figure ya en los libros de textos como un paraíso fiscal donde la delincuencia internacional blanquea dinero y esquilma los recursos naturales. Hasta el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, general Gilberto Delgado Valdez, admitió que el país es un puente para el narcotráfico destinado a Estados Unidos, como ha publicado la editora multinacional Random House en su Atlas Mundial ante la pasividad del gobierno y la estupefacción de la mayoría de los ciudadanos.
El sistema de concesión era claro y concluyente. Se trata de que la empresa concesionaria utilice fondos propios para presupuestar la obra y que luego obtenga el beneficio que le corresponda con la explotación del peaje.
El secretario de la O.P. exclamó: “Para hacerlo como ellos lo están haciendo, pues mejor lo hubiera hecho el Estado, porque ellos están trabajando no sólo con dinero del peaje. Están trabajando con el dinero del Estado y eso no es una concesión, eso es una estafa”.
Con los pricipales mercados financieros en crisis, la Bolsa de Valores de Brasil perdiendo sumas importantes cada día y Colombia con dificultades internas, una de las preguntas más importantes sale a relucir.
¿De donde saldrán los recursos para el proyecto Viadom 08?
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