Documento del PRD depositado en oficina de la OEA en Santo Domingo

Partido Revolucionario Dominicano

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Santo Domingo, República Dominicana.

3 de septiembre de 2007.

Honorable
Paul D. Durand
Embajador, Representante de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)

Su Despacho.

Honorable Embajador Durand:

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la degradación progresiva del clima político en la República Dominicana como consecuencia directa del uso y abuso de los recursos del Estado en aras de la reelección presidencial por el gobierno de la República Dominicana presidido por el presidente Leonel Fernández.

Esta denuncia se fundamenta en el marco de la Carta

Democrática Interamericana (Anexo 1), aprobada en Lima, Perú, en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de fecha 11 de septiembre de 2001, en los derechos y deberes que de ella se derivan y en determinadas y específicas normas de la Ley Electoral No.275-97 de la República Dominicana (Anexo 2).

La Carta Democrática constituye el instrumento jurídico y legal que compromete a los Estados miembros de la OEA a respetar el estado de derecho, base esencial de la democracia. Por tal razón, el Artículo 19 de la mencionada Carta dispone claramente que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”.

Base Legal

Los artículos 3, 4, 5 y 23 de la Carta Democrática establecen los fundamentos de la base legal del presente documento: “Art. 3.- Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.” (El subrayado es nuestro)

“Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.” (El subrayado es nuestro)

“Artículo 5.- El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.” (El subrayado es nuestro).

“Artículo 23.- Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.”

Por su parte, la Ley Electoral dominicana vigente califica como “Crímenes Electorales” los siguientes:

Numeral 6 del artículo 171: “Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio a un elector para inducirle a votar de una manera determinada”. (El subrayado es nuestro).

Numeral 13 del artículo 172: “Los que amenazaren o cometiesen excesos de poder en relación con las materias electorales”. (El subrayado es nuestro).

Exposición de hechos

A través de los argumentos y hechos que este documento expone será fácil comprobar que el presidente Leonel Fernández, con sus excesos proselitistas, quebranta las normas del estado de derecho dominicano, puesto que con ese proceder no solamente transgrede las normas jurídicas formales sino también los valores fundamentales del ser humano y la deontología administrativa.

Y esto así, porque valerse de los fondos públicos para alienar la conciencia ciudadana es actitud que tiende a prostituir el libre albedrío del futuro elector y a desmerecer la orientación de una democracia justiciera en un país plagado de miserias.

La institucionalidad democrática del país ha sido pues, lesionada con los acontecimientos que se han producido en ocasión del tercer aniversario de la asunción al poder del presidente Fernández el 16 de agosto del presente año. Fruto de la desesperación del régimen actual por el rechazo cada vez más creciente de una amplia gama de sectores de la vida nacional, reflejado en las recientes encuestas públicas (Anexo 3), el presidente Fernández ha iniciado una serie de acciones caracterizada por la concesión de cargos públicos y otros esquemas carente de transparencia a políticos de la oposición, y la utilización no prioritaria y abusiva del gasto público y de la publicidad gubernamental a favor de su candidatura presidencial. A todas luces se trata de una involución en la vida política nacional y un grave retroceso en el clima de convivencia y de tolerancia que debiera propiciarse en nuestro país, sobre todo en vísperas de unas elecciones nacionales.

Diversos editorialistas de periódicos de circulación nacional se han hecho eco de este lamentable deterioro institucional (Anexo 4). En ese sentido, reproducimos algunos párrafos del editorial del periódico “El Nacional” de fecha 22 de agosto de 2007, bajo el título “Desalentador”:

“Es pertinente recordar que el presidente Fernández emitió un decreto que, entre otras medidas de austeridad, dispone el congelamiento de la nómina pública, pero ha sido el mandatario el primero en violarlo con esa sarta de designaciones”.

“Se vería como normal que supuestos o reales dirigentes de oposición gestionen o acepten cargos en el Gobierno para apoyar afanes reeleccionistas, pero es insólito que se pretenda instalar un mercado clientelista donde se ofrezcan puestos en la administración pública a cambio de adhesión política”.

"A nueve meses de las elecciones, ese torrente de nombramientos clientelistas causa revuelo en una población que teme que la reelección pueda llevarse por delante la estabilidad económica y monetaria”.

“Ese proceder inyecta un elemento perturbador a una campaña electoral que debería desarrollarse con apego a la ética y de obediencia a disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE) sobre restricción en el uso de recursos públicos a favor o en contra de competidores en el certamen”.

Oportuno es recordar que no es la primera vez que el presidente Leonel Fernández exhibe esta conducta. Muy recientemente, en las primarias internas de su propia organización, el Partido de la Liberación Dominicana, su adversario, el entonces precandidato presidencial, Danilo Medina, Secretario de Estado de la Presidencia en los primeros dos años de este gobierno, expresó el mismo día de las primarias, el 6 de mayo de 2007, en horas de la noche: “Siempre dije que esto era una competencia con el Estado dominicano, el Estado se impuso” (Anexo 5), en alusión al uso de los recursos del Estado por parte del presidente Fernández para lograr su objetivo político.

El PRD, organización política que sustenta su accionar en los postulados y principios del socialismo democrático y en la herencia nacionalista y revolucionaria que nos legó nuestro líder inmortal, el Doctor José Francisco Peña Gómez, haciendo mea culpa de los errores cometidos en el pasado, reivindica nuevamente su compromiso indeclinable con el fortalecimiento del sistema democrático, con la transparencia y con el desarrollo de los valores cívicos.

En ese sentido el PRD, partido del pueblo y de la libertad, enuncia a continuación algunos de los elementos que configuran las líneas de un rumbo equivocado y trastornador de la vida democrática del país que se ha trazado el gobierno del Presidente Fernández.

1ro. El presidente Leonel Fernández personalmente y a través de personeros de su régimen, y haciendo uso abusivo de los recursos del Estado por medio de concesiones de cargos públicos y otros esquemas carentes de transparencia, ha incorporado al gobierno a un número considerable de dirigentes y militantes de partidos políticos de oposición con la sola intención de fortalecer el proyecto reeleccionista (Anexo 6);

2do. Con la creación de más de cuarenta (40) nuevos cargos administrativos especialmente creados para los fines antes señalados el Presidente Fernández ha incurrido en una grave violación a la Ley de Austeridad del Servicio Público No. 497-06 promulgada por su propia administración en fecha 28 de diciembre de 2006 (Anexo 7).