lunes, 3 de diciembre de 2007

Decreto 225-07 evidencia lucha intereses y corrupción escandalosa

Por: Redacción DH/Enviado por Margarito De León

El decreto 225-07 que aumenta el impuesto a los pasajeros que entran y salen de República Dominicana pone en evidencia una lucha de intereses y la utilización de recursos sin ninguna fiscalización, por parte de los agentes de retención y la Secretaría de Turismo.

Los aeropuertos privados, quienes hacen el papel de agentes de retención, manejan a su antojo 2.60 dólares que cobran por cada pasajero, lo mismo hace la Secretaría de Turismo con 7 dólares que reciben por Ley.

Según el decreto, que aumenta e iguala las tasas por servicios aéreos y aeroportuarios, los aeropuertos o sus empresas subconsecionarias, entregarían a la Fuerza Aérea Dominicana la suma de 0.75 centavos de dólares por cada viajante.

Esta disposición no se está cumpliendo y el país corre el riesgo de ser multado por el gobierno brasileño por incumplimiento de contrato.

Por este incumplimiento, no llegarán en diciembre los aviones supertucanos, adquiridos para contrarrestar el narcotráfico.La falta de fiscalización es tal, que entre otras cosas, US$0.25 que fue el dinero que Turismo se comprometió depositar para la compra de los aviones desde el pasado mes de julio hasta entradas las nuevas disposiciones, nunca se han cumplido.

Más aún, la Secretaría de Turismo invierte parte del dinero que recibe (4 dólares por pasajero) en infraestructuras en zonas turísticas sin hacer ninguna licitación y adjudica las obras a las constructoras que más le convenga.

La Secretaría de Turismo usa el dinero sin ninguna vigilancia a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de las Zonas Turísticas (CEIZTUR), una dependencia sustituida por el presidente Leonel Fernández en junio del 2007, por el Instituto Nacional de Desarrollo Turístico, lo que evidencia una grave falta por parte del incumbente de la cartera, Félix Jiménez (Felucho).

Jiménez ha sido recurrente en escándalos en los últimos tiempos, tanto en el área de Medio Ambiente como en el turismo, a tal punto, de haber sido interpelado por los diputados de la República.Según datos obtenidos por DominicanosHoy.com, el CEIZTUR recaudó en su primer año de operación más de 21.8 millones de dólares para iniciar la construcción de carreteras en zonas turísticas.

También existe un mal generalizado entre las aerolíneas regulares que operan en la República Dominicana, como son American Airlines, Delta, Jetblue, Spirit, Copa, Iberia, Air Europa, La Dominicana Pawa, quienes tienen que pagar a los aeropuertos privados la misma suma que los vuelos no regulares (Charter).

La queja de las aerolíneas es entendible en el aspecto de que operan con plantas físicas en los aeropuertos dominicanos, tienen empleomanía y pagan impuestos al Estado; contrario a los vuelos charters que no benefician al país en nada por su corta duración en el territorio.

Otra entidad que no está de acuerdo con que los aeropuertos y Turismo manejen el dinero directamente y sin ninguna fiscalización, es el Banco Central de la República Dominicana, quien, según una fuente, está siendo presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien exige esclarecer todo lo relativo a la distribución y uso de estos recursos.La fuente confirmó que el Banco Central, por su parte, hace las investigaciones de lugar, porque los números, referentes al cobro de impuestos por pasajeros, no les cuadran.

La entidad financiera entiende que el dinero que entra a los aeropuertos y a Turismo directamente, debe llegar a las cuentas del Estado para ser cambiado en peso, como establece la ley, y posteriormente distribuido a las instituciones correspondientes, ayudando así a mantener la balanza comercial y la fortaleza del peso dominicano ante monedas extranjeras.

Este impuesto, que además de ser utilizado sin ninguna fiscalización, encarece el costo a los pasajeros, ha generado que en Estados como Las Bahamas, Islas Vírgenes y Jamaica, coloquen letreros en sus aeropuertos alertando a los viajantes a que no visiten la República Dominicana por sus altos gravámenes colocados por el gobierno al turismo, a través de los pasajeros.

Se estima que estos anuncios se verán en tiempos no muy lejanos en otros países de América Latina.

Según las autoridades de esos países, el turismo dominicano se ha convertido en el más caro de Latinoamérica y el Caribe, y sus impuestos lo están sacando de competencia en la región.

Algo que no ha podido explicar la Secretaría de Estado de Turismo, a pesar de manejar cuantiosos recursos, es el porqué de la disminución de un 32% en el turismo con relación al año pasado.

El decreto se contradice porque indica que los 13.75 dólares deben ser cobrados y percibidos por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y a la vez autoriza a los aeropuertos privados a cobrar directamente 2.60 dólares por cada pasajero.

Según dice el decreto en su punto (E), se está dando cumplimiento a un dictamen de agosto del año 2000 y otro de 2001, que autorizan a las empresas Aeropuerto Siglo XXI, S.A. (AERODOM), Central Romana Corporation, Corporación Aeroportuaria del Este y al Aeropuerto Internacional Cibao, ha realizar dicho cobro.

AERODOM retiene unilateralmente 1.30 dólares que el gobierno le autorizó hasta que llegase el financiamiento, con participación internacional, a largo plazo para la construcción del aeropuerto de Catey en Samaná.

Como ya se sabe, la construcción del aeropuerto de Catey concluyó hace más de un año lo que dejaría sin efecto el cobro del US1.30, sin embargo, se las ingeniaron para seguir cobrando el impuesto sin ningún tipo de autorización y con la excusa de que no se cobraría luego de que se cumplieran las metas fijadas en términos de cantidad de pasajeros que deberían llegar a la República Dominicana. Lógicamente cifras tan abultadas e inalcanzables. Cabe destacar que esta decisión ha sido tomada unilateralmente por quienes usufructúan de manera desvergonzada este seudo impuesto.

Este cobro, sin ser fiscalizado por algún organismo, asciende al rededor de 5 millones y medio de dólares al año.

Otro escándalo evidencia en que el artículo 3 establece que los aeropuertos internacionales del país, públicos, privados y concesionados, a pagar mensualmente al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) la suma de 0.15 centavos de dólares, deducible de los 1.30, que deben ser depositados en una cuenta bancaria a dicha entidad y, hasta ahora, los aeropuertos concesionados no han depositado ni un solo centavo de esta obligación, violando flagrantemente las dispocisiones de la República Dominicana.

Otra irregularidad mayúscula, viene a ser el US$1.25 que los aeropuertos cobran como tasa especializada para la seguridad aeroportuaria, dejando al margen el organismo de seguridad estatal.

Según entendidos en la materia constactados por DominicanosHoy.com, las máquinas escáner y toda la logística y seguridad en los aeropuertos, no sobrepasa los 3 cientos mil dólares al año.

Cuenta nuestra fuente, que el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA), no dispone ni siquiera en la mayoría de los casos de transporte para sus miembros destinados a servicios.

Esto también deja en evidencia el desastroso uso de los recursos cobrados en impuestos a los pasajeros.

Otro de los graves problemas que existe es que algunos agentes de retención no reportan de inmediato el dinero que recaudan de los impuestos a los pasajeros, y a veces, se tardan años en cumplir con la obligación.

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