Conferencia Miguel FINJUS-UNPHU

Propuestas sobre políticas anticorrupción
Conferencia del Ing. Miguel Vargas,
candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano –PRD–
dictada ante el panel de la Fundación Institucionalidad y Justicia –FINJUS–
Universidad Pedro Henríquez Ureña –UNPHU–

Señor
Rafael A. Del Toro
Primer Vicepresidente

Señor
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo

Señores
Miembros del Consejo de Directores
De la Fundación Institucionalidad y Justicia

Señores
Panelistas, Invitados e Invitadas

Señoras y señores:

Agradezco a la Fundación Institucionalidad y Justicia su invitación para presentar a este distinguido auditorio y al país, nuestra visión sobre las políticas anticorrupción que implementaremos a partir del 16 de agosto de 2008.

El tema que nos convoca este foro es de suma trascendencia. Es mucho lo que se ha hablado de lucha contra la corrupción, pero es muy poco lo que se ha logrado.

El Índice de Percepción de la Corrupción del 2007, elaborado por Transparencia Internacional, sitúa a la República Dominicana, dentro del área de Las Américas en el lugar 21 de 32, como uno de los países más corruptos de la región.

Asimismo, el Barómetro Global de la Corrupción del 2007, auspiciado por la misma organización, ha establecido que el 28% de los dominicanos que se vieron precisados a usar servicios públicos, manifestaron haber tenido que pagar sobornos, la peor puntuación de América Latina, cuyo promedio fue de 13%.

Ese mismo informe indica que el 59% de los dominicanos piensa que la corrupción aumentará en los próximos años.

Más recientemente, un funcionario de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, reveló que la República Dominicana no podía acceder a los fondos de la "Cuenta del Milenio" por no cumplir con los indicadores de gobernabilidad, corrupción y mejora de la calidad de vida de la población.

La coalición denominada "La lucha contra la corrupción", que aglutina a las principales organizaciones de la sociedad civil del país, y que viene realizando una extraordinaria campaña de concientización sobre este mal, estimó que sólo en el 2006, los dominicanos gastamos Seis mil doscientos sesenta y ocho millones de pesos, en "macuteo" para obtener ventaja en cualquier situación.

La cifra anterior solo alude al llamado "macuteo", pero no a la corrupción que engrosa los bolsillos de las grandes operaciones y transacciones oscuras que se "cocinan" en oficinas públicas, y que, cinco años atrás se estimaba en Treinta mil millones de pesos. Producto de los escándalos y de la ausencia de voluntad política para enfrentar este flagelo, actualmente se estima que esta cifra alcanza los ochenta mil millones de pesos.

¿Qué diferente fuera si todos esos recursos fueran destinados a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad ciudadana?

Esta realidad la vivo diariamente en cada uno de los recorridos que hago por todo el país: La pobreza que existe en la República Dominicana en parte se debe a la rampante corrupción.

Para combatir la corrupción se requiere de nuestros mayores esfuerzos, nuestra mejor voluntad, y sobre todo, requiere una acción concertada de todos los sectores de la sociedad, donde el Estado juega un rol muy fundamental. Los grandes cambios que se requieren en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social y ciudadana, entre otros, solo lo podremos hacer con una Administración Pública cada vez más profesionalizada, moderna y eficiente, donde los valores de la probidad y la transparencia guíen su accionar.

A partir del 16 de agosto, me propongo impulsar una Agenda de Probidad y Transparencia con la finalidad de construir un Estado que rinda cuentas, fortaleciendo así la democracia.

En el ámbito de la transparencia, la Ley General de Acceso a la Información Pública es de escasa aplicación en el país. La mayoría de las Secretarías de Estado y los organismos descentralizados no la cumplen. Que estemos claro, no basta con tener una página web en Internet para decir que se cumple con esta Ley. Se hace necesario poner a disposición de todos los ciudadanos las informaciones públicas necesarias de toda la gestión. ¡Qué diferente fuera si parte de lo que se invierte en publicidad gubernamental, ahora que estamos en un proceso electoral, se invirtiera en instruir y preparar todas las oficinas públicas para que estén en condiciones de ofrecer toda la información al público en general!

Como Presidente de la República, seré el primero en poner toda la información que corresponda a la Presidencia a disposición de la ciudadanía. También todo lo relativo a las ejecutorias presupuestarias. El ejemplo debe comenzar por casa, y seré el primero en cumplirlo.

Vamos a impulsar el cumplimiento de la ley a fin de que se publique en Internet toda la información relativa al personal y las contrataciones públicas en los Sitios Web de cada institución. Seremos un gobierno transparente, en palabras y en hechos.

Como Presidente, velaré porque los funcionarios, sin distinción de su rango o jerarquía, observen una conducta intachable, desempeñen honesta y lealmente la función o cargo, y le otorguen preeminencia al interés general sobre el particular.

Dentro de este contexto, la actual Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, creada mediante Decreto en el año 2005, será redimensionada en su composición, naturaleza y base legal. No es posible que una Comisión de este nivel tenga un rango inferior y se comporte como una cenicienta en el gobierno.

Creemos que esta Comisión debe ser, primero, creada por ley; y segundo, estar integrada por una diversidad de sectores de la vida nacional, sin vinculación partidaria, y que tenga por objeto asegurarse, a través del Código de Ética del Servidor Público, el correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; la imparcialidad de las decisiones de dichas autoridades; la rectitud en la ejecución de las normas, planes, programas y acciones; la integridad ética y profesional en la administración de los recursos públicos que se gestionan; la agilidad en el cumplimiento de las funciones públicas; y el acceso de la ciudadanía a la información pública.

Adicionalmente, dentro de los planes de modernización de la gestión pública, tenemos que impulsar la aplicación efectiva de la Ley de Función Pública y perfeccionar su institucionalidad, modernizar la Contraloría General de la República, otorgándole autonomía e independencia, regular legalmente el control interno de la Administración Pública y crear una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas.

Antes de concluir, quiero referirme a dos temas de interés:

El primero es relacionado con la Ley que obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado de los bienes que constituyen su patrimonio, antes y después de finalizar su mandato o designación. Esta Ley fue promulgada en el 1979, y desde entonces no ha sufrido modificaciones. El punto débil de esta ley es que no establece sanciones, excepto la de amonestación o suspensión de las funciones sin disfrute de sueldo, cuando los funcionarios no cumplen con la misma. Pero, tampoco se sanciona el incremento de patrimonios no justificados a partir de la toma de posesión como funcionarios públicos. Existe, en otras palabras, un limbo jurídico.

Por eso, dentro de nuestra Agenda de Probidad y Transparencia, nos proponemos modificar la Ley No. 82 de 1979 a fin de vincular la declaración jurada de bienes con las declaraciones del pago del impuesto sobre la renta de los funcionarios públicos, así como también establecer mecanismos modernos y eficientes que sancionen el enriquecimiento ilícito.

El segundo es vinculado con la acción judicial ante los actos de corrupción pública. No es posible que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa sea un funcionario de tercera categoría que dependa del Procurador General de la República, sujeto a la merced de los vaivenes y de los intereses políticos. Es, en el fondo, un subordinado del Presidente de la República.

Por ello, apoyamos la propuesta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de crear el Fiscal General Anticorrupción, cuya designación corresponda al Consejo Nacional de la Magistratura, en una futura reforma constitucional. Este funcionario tendría jurisdicción nacional y total autonomía e independencia.

Como Presidente de la República, seré respetuoso de la independencia del Poder Judicial. No intervendré ni interferiré en los asuntos de la justicia, incluyendo en los casos que involucren a funcionarios designados por nuestro gobierno que fuesen sometidos judicialmente por cometer faltas en el ejercicio de sus funciones. Seré drástico con la sanción a los actos de corrupción, sin distinguir la jerarquía o los vínculos de los funcionarios que hipotéticamente se vieren involucrados.

Iré al Estado a gobernar, ejerciendo mis funciones, en estricto apego a la Constitución y a las leyes.

Concluyo estas palabras reafirmando nuestro compromiso de impulsar todas estas propuestas a través del diálogo y el consenso nacional, mediante la suscripción de pactos que fundamenten un Proyecto de Nación, que procurará, entre otros aspectos, una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente. En el caso particular de la lucha contra la corrupción, siempre de conformidad con todos los tratados internacionales que ha suscrito el país, de manera especial la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 2002.

Prevenir y sancionar la corrupción es defender a nuestra democracia de los que no desean someterse a la idea universal de igualdad, de diversidad y de transparencia. Es defenderla de los grupos de presión, del tráfico de influencias, de los intereses particulares, muchas veces poderosos, que suelen contraponerse a los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Un Estado al servicio de los ciudadanos necesita un personal permanentemente capacitado, pero no solo en las destrezas técnicas de su profesión u oficio. También debe ser formado en la cultura del servicio público, que no es otra que atender y satisfacer permanentemente las necesidades colectivas con calidad y honestidad.

Esta es mi visión inquebrantable, la cual como Primer Funcionario de la Nación, es mi deber ante Dios, mi familia y el país, cumplir teniendo siempre presente el bienestar de todos los dominicanos.

Muchas gracias.

Miguel Vargas Maldonado, Candidato Presidencial del PRD