Martínez Moya sostiene que la reunión en Palacio “no logró nada”
Por Sandra Guzmán / elcaribecdn.com
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) calificó como una represión de parte del Gobierno la acusación a empresarios y comerciantes de ser culpables de las últimas alzas registradas en los productos de consumo básico.
Arturo Martínez Moya, presidente de la Comisión Económica de la organización, culpó de esa postura a las “pretensiones reelecionistas del presidente Leonel Fernández”, las cuales estimó pueden llevar a la democracia dominicana hacia un régimen totalitario y a una crisis de gobernabilidad.
Resaltó como evidencia de esa acusación, la reunión que sostuvo el mandatario en el Palacio Nacional con dueños de supermercados, contra quienes afirmó el Gobierno inicio una campaña de coerción que va desde persecución fiscal hasta amenazas de cierre e intervención de la fuerza pública.
"La reunión palaciega con los dueños de supermercados, fue para amedrentar, porque no se logró absolutamente nada, excepto titulares de prensa anunciando acuerdos fantasmas, para hacerle creer a la gente que el Gobierno bajará los precios por arte de magia cuando el único culpable de la hambruna que ya golpea a millones de dominicanos, es el propio Gobierno" enfatizó.
El economista manifestó que si Fernández estuviera realmente interesado en reducir los precios de los alimentos lo primero que debió hacer fue reducir los impuestos a los combustibles y después hacer una reforma fiscal para eliminar y reducir otros impuestos absurdos. Consideró que también debió darle un fuerte apoyo a la agricultura después de las tormentas del pasado año y no abandonarla a su destino para terminar a la carrera un Metro de 50 mil millones de pesos que secó las finanzas públicas.
´ Hizo un llamado a la sociedad civil y la población en general a estar alerta ante estas pretensiones totalitarias del Gobierno, que se extienden desde la política hasta la economía. Porque miles de perredeístas y ciudadanos de todas las clases sociales, dieron su vida por la democracia de este país y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a poner eso en peligro.
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