PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
Declaración Pública
Evaluación del Partido Revolucionario Dominicano sobre los tres años de gobierno del presidente Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana (16 de agosto de 2004-16 de agosto de 2007)
La política económica y social aplicada durante los últimos tres años ha repercutido negativamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte del pueblo dominicano.
El Gobierno del Presidente Fernández, con la puesta en marcha de tres reformas tributarias, ha sacado de los bolsillos de los contribuyentes un promedio de 100 mil millones de pesos anuales de nuevos impuestos. Nunca antes se había visto tanta voracidad tributaria, que le permitirá al gobierno gastar en un período de cuatro años un millón de millones de pesos, lo cual se denomina -usando la nomenclatura estadounidense- un trillón de pesos.
La voracidad tributaria ha impedido que la entrada en vigencia del DR-CAFTA reduzca los precios de numerosos bienes. Es sabido que ese acuerdo comercial beneficiaría a las grandes mayorías nacionales debido a la disminución de los aranceles, sin embargo, las tres reformas impositivas han incrementado los costos directos e indirectos de los productos que consume el pueblo dominicano y, en consecuencia, el beneficio que se obtendría con la entrada en vigencia del DR-CAFTA ha sido arrebatado por el Gobierno de Fernández.
A pesar de que el Banco Central reconoce que desde agosto de 2004 hasta julio de este año el índice de precios ha crecido en un 15%, la realidad es que los precios de los artículos de primera necesidad han crecido mucho más. Algunos ejemplos: aceite (67%); botellón de agua (88%); arroz selecto (49%); azúcar blanca (87%); azúcar crema (94%); café (100%); carne de cerdo (59%); carne de res bola (88%); cebolla roja (120%); cerveza pequeña (100%); compota (38%); fideos (67%); habichuelas (102%); leche evaporada (50%); leche en polvo (60%); pan (200%); pica-pica (150%); queso danés (140%); refrescos (57%); salami (100%); y yuca (67%), entre otros.
La política impositiva también ha repercutido sobre los precios de los combustibles. El precio del gasoil se incrementó entre agosto de 2004 y julio de 2007 en un 51% y el precio de la gasolina lo hizo en un 60%. Además, el precio del gas licuado de petróleo subió en un 101%, al pasar el tanque de cien libras de 562 pesos a 1,128 pesos, con el agravante de que, por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno le colocó un impuesto de 167 pesos al tanque de 100 libras.
La excesiva carga tributaria establecida por la presente administración ha provocado el descenso de las ventas de las empresas. Miles de pequeños negocios y empresas de zonas francas han quebrado llevando a la calle a más de 200 mil padres de familia, quienes no han podido reinsertase en el mercado laboral formal, cayendo lamentablemente en un estado de pobreza. Se estima que en los primeros meses del año 2007 las ventas de cerveza se redujeron en un 24%, las ventas de ron en un 25%, las ventas de cemento descendieron en un 18%, y en general las ventas del comercio al por menor cayeron en un rango que oscila entre un 35% y un 45%. Como perspectiva del empleo puede afirmarse que la Asociación Dominicana de Empresas de Zonas Francas ha estimado que en lo que queda de año 2007 se perderán 20,000 empleos adicionales en ese sector.
El descenso de la actividad económica, el aumento de la tasa de desempleo y el deterioro del poder de compra de la población se ha traducido en un aumento de los actos delictivos. El índice de criminalidad se incrementó en los últimos tres años de forma vertiginosa. En efecto, la cantidad de homicidios por cada 100 mil dominicanos pasó de 13.5 en el período 2001-2002 a 35 homicidios por cada 100 mil dominicanos en el período 2005-2006. Ahora se tiene miedo de perder la vida en las calles dominicanas por algo tan insignificante como un aparato de teléfono celular. Nunca antes la vida de un dominicano había valido tan poco.
El único logro que puede mostrar la presente administración es haber apreciado el peso dominicano y mantener estable la tasa de cambio en alrededor de 33 pesos por dólar. Lamentablemente, en vez de tomar medidas que mejorasen la competitividad y productividad laboral, esa apreciación cambiaria se consiguió a un costo enorme: por un lado, desempleo y pobreza y, por otro lado, un enorme endeudamiento del Banco Central.
La deuda del Banco Central pasó de 89,434 millones de pesos en agosto de 2004 a 195,368 millones de pesos al 6 de agosto de 2007. Esa deuda incluye 30,000 millones de pesos de certificados financieros que han sido adquiridos por inversionistas extranjeros, quienes le han advertido al Gobierno de Fernández que si no firma nuevamente con el Fondo Monetario Internacional en enero de 2008 se pudiera perder la confianza en ese tipo de instrumentos financieros. Si a esa incertidumbre se añade la turbulencia que se registra actualmente en los mercados de capitales internacionales, y dado el hecho de que entre septiembre y febrero de 2008 vencen 76,000 millones de certificados, se crea la posibilidad de que se produzcan retiros de recursos del Banco Central que pudieran superar con creces los 1,500 millones de dólares de reservas internacionales netas de que dispone el organismo emisor. La devaluación del peso sería un hecho indefectible.
Otro aspecto preocupante es el aumento de la deuda externa, la cual se incrementó en 1,358 millones de dólares en los primeros 30 meses de gobierno -sin incluir la deuda del Metro ni la correspondiente a los aviones Super Tucanos-, dándole al gobierno la posibilidad de adquirir bienes y servicios que no son prioritarios para el desarrollo. Cabe recordar que el Presidente Fernández declaró en Brasil que tan pronto concluya el acuerdo con el FMI tomaría un conjunto de préstamos externos para la adquisición de bienes y servicios en ese país latinoamericano.
Lo más grave es que a pesar de que este gobierno ha tenido en sus manos alrededor de 700 mil millones de pesos, el gasto en educación pública y en salud pública no ha aumentado como porcentaje del producto interno bruto ni como proporción del gasto público total. Específicamente, el gasto en educación pública se redujo de una suma equivalente a un 2.8% del PIB como promedio anual en el período 2001-2002 a un 2% del PIB en el período 2005-2006. Ese bajo nivel en educación pública explica, en gran parte, que la calidad de nuestras escuelas públicas sea la peor de 115 países evaluados por el Foro Económico Mundial. Esa tétrica situación empeora cuando se observa que el gobierno, de forma indolente, decidió extraerle 854 millones de pesos al presupuesto de educación pública y 707 millones de pesos al presupuesto de salud pública del año 2006 para destinarlos en gran parte a la construcción del Metro de Santo Domingo. Mientras tanto los hospitales dominicanos parecen más bien almacenes de enfermos, sin material gastable ni medicamentos.
El Gobierno ha destinado la mayor parte de los recursos públicos a gastos no prioritarios. El gasto corriente, a pesar de que el presidente Fernández prometió en el discurso de toma de posesión que lo reduciría en un 20% -y que luego se hizo aprobar una Ley de Austeridad que reduciría el gasto en 17,500 millones de pesos en el año 2007-, se ha incrementado en un 109%, al pasar de 82,182 millones en el año 2004 a 171,719 millones de pesos en el año 2007. En ese mismo período la nómina se elevó en un 52%, resaltando que en la actualidad existen funcionarios con salarios mensuales superiores al millón de pesos. Entre los dos primeros años de este gobierno los gastos de viáticos se elevaron en un 89%, los gastos en servicios técnicos profesionales en un 268% y los gastos en dietas y representación se incrementaron en un 29%. Resulta verdaderamente inconcebible que este gobierno se esté gastando 5,400 millones de pesos anuales en publicidad y propaganda, echando en el olvido los terribles déficits sociales que prevalecen en la República Dominicana.
La sociedad ha sido víctima de un gobierno con una marcada propensión a la corrupción administrativa. Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, citado por el Padre José Luis Alemán, S.J., indica que de 117 países evaluados en el aspecto de la neutralidad del Estado en la asignación de recursos, República Dominicana obtuvo el puesto 117, porque es obvio que el Gobierno de Fernández favorece a los suyos y de una manera abierta contra otros intereses. Los escándalos son tan numerosos que el 98% de la población percibe que existe corrupción, que cada vez se enquista más en las diferentes instituciones estatales en perjuicio del pueblo dominicano.
En forma de colofón, puede añadirse que este Gobierno de Fernández se ha caracterizado por la toma de decisiones de forma anti democrática. Tómese el ejemplo de la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social sin vistas públicas y sin tomar en consideración la opinión del sector empresarial. El Presidente Fernández logró que el Congreso Nacional le aprobara una modificación que equivale a establecer un impuesto de un 10% sobre las pensiones que recibirán los trabajadores dominicanos, para intentar equilibrar financieramente un sistema de Seguro de Salud que no ha recibido el imperioso apoyo directo del Gobierno Central.
Todo esto nos revela la importancia de que el PRD retome el poder en las elecciones de mayo de 2008. Es indispensable colocar en el Palacio Nacional a un gobierno que ponga primero a la gente. Un gobierno que invierta en educación y en salud. Un gobierno que distribuya equitativamente la inversión pública. Un gobierno que estimule la inversión privada y la generación de empleo de calidad. Un gobierno que brinde a los más pobres la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Un gobierno que sea transparente en el manejo de los recursos públicos. Un gobierno que, en definitiva, siembre las bases para la creación de una sociedad moderna y mucho más justa.
16 de agosto de 2007.
Ramón Alburquerque
Presidente
Orlando Jorge Mera
Secretario General
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