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Julio Maríñez Rosario
Dos artículos de la Constitución de la República nos hacen un llamado de atención frente al desorden reinante, la violación de normas constitucionales, los casos descarados de corrupción, los actos ilegales como agrandar la deuda pública sin pasar por el Congreso Nacional, el uso de los recursos públicos con el fin de mantenerse en el poder, atropellar políticamente a propios y extraños, además de una larga lista de despropósitos, los cuales hacen que el pueblo busque una alternativa constitucional que siente las bases de una democracia basada en la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Miguel Vargas Maldonado ha hecho una propuesta de avanzada: convocar una Asamblea Constituyente para reformular el sistema democrático sobre bases de eficiencia, transparencia y participación.
El artículo 102 de la Constitución Nacional establece que “será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.”
Pero la sociedad observa aterrada que no pasa nada. Que los casos de desgobierno se suceden imponiéndose el peso del poder sobre una estructura política que por sí misma no puede hacer valer el espíritu de la Constitución. Pero nuestro orden jurídico tiene el remedio para tantos males que nos aquejan. El legislador ha sido sabio al conservar en las muchas reformas constitucionales, una fórmula para atajar este mal que carcome el sistema institucional y la sociedad.
Nos referimos al artículo segundo de nuestra Carta Fundamental, el cual establece lo siguiente: “La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación.” Y sobre la base de lo establecido en el mandato constitucional, Miguel Vargas Maldonado, acompañado de reputados constitucionalistas, ha propuesto convocar una Asamblea Constituyente la cual se avocará, fundamentalmente, ha establecer la no reelección presidencial inmediata ya que la misma es fuente inagotable de torceduras en la sana administración de los recursos del pueblo.
Pero una Asamblea Constituyente, empinada sobre el precepto constitucional del artículo segundo, es algo más que una reunión para atender un asunto prioritario como el tema de la no reelección presidencial. Es una institución que le da vida al mandato constitucional que reserva el Poder Constituyente para el pueblo con el objeto de adelantar, sin ataduras ni cortapisa de los poderes constituidos, las reformas que necesita el país para salir del estado de inercia en el que nos tiene sometido gobiernos irresponsables como el de Leonel Fernández.
Miguel Vargas Maldonado ha hecho una convocatoria valiente y de avanzada. De nosotros como sociedad, digna heredera del pensamiento progresista de los Padres de la Patria, depende que podamos construir el futuro que nos merecemos.
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