El candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado garantizó que, de ganar las elecciones el próximo 16 de mayo, no permitirá la existencia de nóminas clandestinas en la administración pública. Durante un acto realizado en el municipio San Rafael de Yuma, en la provincia La Altagracia, refirió que en un gobierno suyo no se repetirán los escándalos que caracterizan a la administración del presidente Leonel Fernández.
El candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmó que será enérgico con la malversación de los fondos del Estado porque, a parte de ser inmoral, el desvío de éstos se les resta a las áreas de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros requerimientos.
Vargas Maldonado expresó que al término de este gobierno el presidente Fernández habrá dilapidado 20 mil 900 millones de pesos por concepto del pago a dirigentes de los Comités de Base, Comités Intermedios y otros activistas de su partido que no prestan ningún servicio al Estado.
“Con lo que habría correspondido de esa cantidad a Yuma, Higüey y a la región Este, un gobierno trabajador y solidario como el que vamos a presidir habría construido una gran cantidad de obras de interés social, habría apoyado el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y a los productores agrícolas”.
Falta de ética. El candidato perredeista consideró como una falta de sentido ético el hecho de que el gobierno negara la existencia de una “nominilla” cuyo propósito es fortalecer el proyecto reeleccionista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Sin embargo, destacó que han tenido que reconocer que utilizan el dinero que pagan los contribuyentes para financiar un programa clandestino sin precedentes en la historia política de la República Dominicana.
Los ejes de su gobierno. Vargas Maldonado dijo además que la transparencia será la clave del gobierno que se propone dirigir.
“Porque no hay forma de presidir una gestión como demanda la sociedad dominicana, si no es sobre la base de un sistema de transparencia en toda la administración pública”.
Asimismo, expresó que su compromiso con todo el país está sustentado en el desarrollo de un gobierno honesto y transparente, cuyos soportes serán la firmeza de carácter y la fuerza moral de su equipo de trabajo.
“En estos cuatro años el PLD no lo ha hecho porque no han tenido la voluntad política ni el carácter requerido para adecentar la administración pública como demanda nuestra sociedad”.
Recorrido por el Este.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano realiza un recorrido de tres días por la región Este, el cual concluirá hoy en la provincia de San Pedro de Macorís.
Las frases
Miguel Vargas M.
Al término de este gobierno, el presidente Leonel Fernández habrá dilapidado 20 mil 900 millones de pesos por concepto del pago a dirigentes de los Comités de Base, Comités Intermedios y otros activistas del Partido de la Liberación Dominicana que no prestan ningún servicio en las instituciones públicas”.
La reacción de Ortiz Bosch
La ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch consideró como acto bochornoso que una comisión del gobierno se ampare en las atribuciones constitucionales del Presidente para justificar el pago de salarios a personas que no trabajan en la administración pública.
“Ciertamente, la Constitución da atribuciones al Presidente de la República para designar funcionarios gubernamentales, pero es para que realicen funciones o trabajos, en ningún momento nuestra Carta Magna autoriza al mandatario usar los recursos que pagamos de impuestos para dar salarios por razones políticas, como demostró la periodista Nuria Piera y certificó la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE)”.
Ortiz Bosch se refiere a un documento entregado ayer a la JCE, en el que el gobierno considera que al emitir la resolución 001-2008, la Cámara Administrativa se excedió en sus funciones al ordenar al Poder Ejecutivo el cese a los pagos políticos con fondos públicos, a través de la llamada nómina CB (Comités de Base).
El documento del gobierno alega que con su resolución, la Cámara Administrativa entra en contradicción con las atribuciones que le confiere al presidente de la República el artículo 55 de la Constitución para designar a los secretarios de Estado y otros funcionarios públicos.
“Estoy sorprendida de que para intentar defender esta escandalosa situación, se haya argumentado una atribución constitucional, pero más escandaloso aún es que ese alegato haya sido escrito en un documento oficial”.
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