Por Alberto Caminero
El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), licenciado Orlando Jorge Mera, consideró hoy que un conocimiento tardío de los recursos de inconstitucionalidad elevados a la Suprema Corte de Justicia por el Foro Social Alternativo y el PRD, implicaría una negación de justicia de graves consecuencias para la institucionalidad de la República Dominicana.
Sin embargo, Jorge Mera expresó el convencimiento de que el más alto tribunal de justicia sabrá colocarse a la altura de esta situación, como dijo lo hizo en la memorable sentencia de noviembre de 1990, en la cual la Suprema Corte de Justicia se constituye en guardiana de la Constitución.
“El pronunciamiento de un fallo sobre los recursos de inconstitucionalidad del contrato de préstamo con la empresa Sun Land, tendrá una repercusión de transcendencia histórica para la vida institucional dominicana”, manifestó. Agregó que “nos encontramos ante un caso que pone a prueba la institucionalidad dominicana, dando oportunidad a la Suprema Corte de Justicia para que en justeza a la normativa constitucional decida sobre un caso en el que existen evidencias suficientes de que el referido contrato de préstamo compromete el patrimonio nacional y en consecuencia constituye una flagrante violación a la Constitución de la República”.
El secretario general perredeísta manifestó que el interés del PRD es dejar sentado un precedente para que nunca más un presidente de la República entienda que puede violar a su antojo la Constitución, que es la base en que se soporta todo el ordenamiento de la Nación.
“Procura también el PRD que la Suprema envíe una señal bien clara y fuerte a todos los jueces y fiscales, a los funcionarios civiles, militares y policiales de que nadie está por encima de la ley y de que la Constitución de la República y toda la normativa adjetiva están para ser cumplidas”, dijo.
Explicó que “en momentos en que nuestro país es arropado por la delincuencia y la violencia, y en que por doquier se advierte el irrespeto y el desorden, nuestro más alto tribunal tiene que asegurar a todas y a todos el imperio de la ley como garantía de seguridad y salvaguarda de bienes”.
Jorge Mera sostuvo que para dar sustento al planteamiento de la inconstitucionalidad del sonado contrato de préstamo, el PRD ha puntualizado que los pagareses firmados en base a un poder otorgado por el presidente Fernández establecen la existencia de deuda pública, por lo que a los tenedores de esos pagareses advierte que se trata de endeudamiento público y en la misma dispensa solicitada por el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que también en los informes público y privado de ese organismo financiero queda evidenciada la existencia de una deuda pública.
Según un cable de la agencia EFE, desde Washington, el FMI hizo saber en su informe que el Gobierno dominicano violentó normas del organismo con el préstamo de la Sun Land, aunque el representante local de la entidad, Erik Offerdal, negó la versión y dijo que la entidaqd no se ha pronunciado ante las autoridades sobre el crédito extendido.
Jorge Mera recordó que aunque el propio Fernández afirmó a un grupo de directivos periodísticos que ese contrato no comprometía el patrimonio nacional y que por lo tanto no implicaba violación a la Constitución, lo cierto es que existe ya documentación contundente de que se hizo el contrato de préstamo sin autorización del Congreso Nacional.
Concluyó que “los dominicanos tendremos pagar con nuestros impuestos entre 32 y 41 millones de dólares como consecuencia de esa irresponsable gestión del gobierno del presidente Fernández, y alguien debe ser castigado por los platos rotos de ese desafuero”.
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